APM Terminals aceptó la propuesta que hizo el interventor de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), Alexander Aizenstatd, de un pago de reparación civil, anular el contrato actual de usufructo y firmar uno nuevo de concesión que tendría que ser aprobado por el Congreso de la República.

La compañía, parte del grupo Maersk, espera ahora el pronunciamiento del gobierno de Guatemala para alcanzar un consenso.

En un comunicado la vicepresidenta de APM Terminals, Susanne Marston, expresó que espera que las autoridades “acepten los términos de la propuesta” para comenzar a operar la terminal “tan importante para el crecimiento económico y la competitividad de Guatemala”, que aliviará la congestión en Puerto Quetzal, indicó.

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Marston resaltó el hecho de que se haya reconocido que APM Terminals “no participó en ninguna de las supuestas conductas indebidas que están sujetas al caso penal”, en referencia al proceso judicial en el que se investiga el supuesto soborno de US$30 millones que habían pagados las autoridades anteriores de TCQ para lograr el contrato de usufructo con la Empresa Portuaria Quetzal.

“Seguiremos trabajando de cerca con las autoridades para luchar contra la corrupción y el tráfico de drogas para que la terminal pueda operar de manera eficiente y transparente”, ofreció Marston.

Alexander Aizenstatd

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La propuesta

La propuesta del interventor Aizenstatd es que sea pagada una reparación civil por US$43.2 millones, además de aceptar otros términos con beneficio para el país, pero a cambio de que el próximo contrato sea asignado a ellos.

Marston recordó que el 8 de marzo de 2016 APM Terminals se convirtió en propietario de TCQ tras haber adquirido Grup Maritim TCB.

“Recordémonos que la ley establece que aún cuando sea concesión tiene que haber un proceso de licitación”, opinó el Contralor General de Cuentas de la Nación, Carlos Mencos, quien agregó “surge una cantidad de dudas, por lo que hay que ver qué se va a hacer”.