La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) dieron a conocer la estructura que operaba en la Secretaría General de la Presidencia y la Superintendencia de Administración Tributaria, la cual se dedicaba a tráfico de influencias.

De acuerdo con el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, la investigación inició contra César Augusto Medina Farfán, que era un gestor en la Portuaria Quetzal y se dedicaba a influir en funcionarios y cobrar por sus servicios por lo que el caso se denominó Caso Redes, ya que por el momento fueron identificados tres casos.

 1. El primer caso fue cuando el entonces superintendente, Carlos Muñoz, contactó a Medina Farfán para pedir ayuda a resolver un proceso por estafa propia, abuso de autoridad, peculado, concusión y fraude desde 2014, por lo que se logra un acuerdo con el juez José Luis Patán Piché para beneficiar a Muñoz.

Oliver de Ros

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2. El segundo caso es cuando la empresa Z Gas gestiona un depósito aduanero por lo que requiere de una póliza de garantía para almacenar gas. La compañía recurrió a personal de Intendentes de Aduanas, por lo que contactó a Filadelfo Reyes y Carlos Muñoz para negociar el cobro de la póliza por lo que se redujo de US$ 5 millones a Q5 millones.

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3. El tercer caso es con la planta generadora Jaguar Energy. El gerente general, Ernesto Córdova, habló con Medina Farfán para obtener comunicación con el presidente de la República, Otto Pérez, por lo que a través del secretario general de la Presidencia, Gustavo Martínez y sel ex viceministro de Energía y Minas, Edwin Rodas, lograr modificar la agenda del mandatario para conseguir el encuentro entre Córdova y Pérez.

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4. Cobros por asesoría. Córdova y Medina crearon un contrato por asesorías a Karen Cancinos Muñoz por US$ 120 mil que servirían para pagar los favores de Gustavo Martínez.

5. Los delitos por los que se le acusan a los seis capturados son de asociación ilícita, cohecho activo, tráfico de influencias, falsedad ideológica, lavado de dinero.