El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) presentó este miércoles un análisis y sus sugerencias sobre la reciente propuesta de reformas constitucionales al sector de justicia.

En el documento se señala que el contenido del articulado es superficial y responde más a la coyuntura. Asimismo, “se deja al margen el tema medular que se debe abordar, el cual es el mejoramiento de la justicia.”, consigna un comunicado de prensa de esa institución.

“Las mesas de diálogo fueron un exitoso ejercicio democrático, pero su alcance fue totalmente político en desmedro del análisis técnico constitucional. Es necesario que se den a conocer las razones fácticas y jurídicas que aconsejan la adopción de los cambios”, afirmó Francisco Quezada, investigador del CIEN.

Explicó que la última reforma “propone cambios en 19 artículos de la Constitución, 12 relacionados con la Corte Suprema de Justicia y el Organismo Judicial”.

El análisis de la reforma indica que la misma carecía de una exposición de motivos, lo cual es más que un requisito meramente formal

Como resultado de este análisis se hicieron cinco recomendaciones:

  • Cualquier intento de reforma debe hacerse para fortalecer el Estado de Derecho en una República, nunca para debilitarlo.
  •  Previo a llevar a cabo un proceso de discusión amplio y abierto sobre una propuesta de reforma constitucional, deben conocerse los problemas que se pretenden resolver por esta vía.
  • Antes de proponer reformas constitucionales es menester realizar cambios a nivel de leyes ordinarias o prácticas administrativas para solucionar los problemas que se desean abordar.
  • Mejorar la administración de justicia por medio de políticas públicas que ofrezcan planes e instrumentos de planificación y evaluación.
  • Reencauzar la discusión del mejoramiento de la justicia a través de foros técnicos y estudios de procedimientos.

“La mayoría de temas que se abordan en las propuestas de reformas constitucionales se pueden solucionar realizando modificaciones en leyes ordinarias o en prácticas administrativas. Se debería iniciar por este tipo de soluciones hasta que fruto de un análisis de casos y estudios técnicos se determine que la norma es disfuncional y no queda otra vía que ser reformada”, comentó María Isabel Bonilla, también investigadora del CIEN.

“Más que reformas constitucionales se requieren instrumentos de planificación, ajuste de procedimientos y que las instituciones del sector justicia operen con base en resultados”, se detalla.