Panorama incierto
Análisis de Helen Mack

Es la segunda vez que se convoca para discutir las modificaciones al sector de justicia, aunque se ve con beneplácito esta nueva invitación habrá que esperar qué tanta voluntad política tengan las nuevas autoridades para avanzar en dicho tema. Hay que esperar que se despeje el panorama político, ya que con una elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad, donde se presume que Oliverio García Rodas sea el designado por el Congreso, y es él quien dirige la mesa técnica para los cambios para ese sector, habrá compromisos políticos.
 

El titular de la CICIG, Iván Velásquez, resaltó la urgencia por realizar cambios en el sector judicial.

Antes del 15 de marzo, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Ministerio Público (MP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) integrarán las mesas para trabajar las propuestas para modificar los artículos de la Constitución relacionados con el sector judicial para fortalecer las acciones para combatir la impunidad en el país.

El jefe de la CICIG, lanzó la convocatoria para un diálogo nacional y lograr consensos en torno al sistema de justicia que se requiere y reforzar todas las instituciones y así alcanzar un Estado social y democrático. De acuerdo con Velásquez se calcula que las iniciativas de reformas se entreguen en julio.

“La convocatoria es para los sectores más amplios, donde tiene que haber reformas al sector de justicia, como lo dijo un diputado, no puede haber segmentación en el organismo Judicial, si no que se requiere crear un mecanismo que proporcione una continuidad efectiva, mencionó Velásquez.

El comisionado explicó que es necesario profundizar en la carrera judicial, lo cual solo se puede hacer por una reforma constitucional, que significará una independencia judicial y así en varios temas que tienen que ver con la Carta Magna.

Velásquez agregó que también hay cambios legislativos, los cuales se pueden hacer desde una mesa técnica donde se establezca como prioridad la revisión de la leyes de carreras profesionales y así fortalecer la selección de los más idóneos, más capaces y más honorables de todos los servidores del Estado.