Representantes de Cemento Progreso informaron que después de analizar el procedimiento que el Congreso utilizó para la reforma de los impuestos que se incluyeron en el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015, se evidenció que no se cumplió con lo que establece la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Presupuesto, por lo que presentaron una acción de inconstitucionalidad.

“Los valores que promueve Cementos Progreso impulsan el cumplimiento de todas las obligaciones legales, incluido el pago de impuestos. Toda acción legislativa debe cumplir los procedimientos establecidos en la Constitución y en las leyes vigentes. Por tal motivo, al identificar estas ilegalidades, se presentó la acción ante la Corte de Constitucionalidad”, consigna un comunidaco de prensa de esa empresa.

“Independientemente de los efectos jurídicos, consideramos que esta reforma al Impuesto a la Distribución de Cemento -IDC- representa un grave daño a la industria de la construcción, ya que el país necesita de más y mejor infraestructura y vivienda. Gravar el cemento es ir en la dirección opuesta hacia el logro de ese objetivo”, afirmó José Raúl González, gerente general de Cementos Progreso.