La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió en definitiva anular la creación del Impuesto a la Telefonía, que fue aprobado en noviembre por el Congreso junto con el presupuesto general para este año. También fueron rechazados el incremento del impuesto al cemento y el pago de las regalías mineras.

Otro de los artículos del actual presupuesto que quedó anulado fue la contratación de ONG para la ejecución de obra pública.

El secretario general del máximo tribunal, Martín Guzmán, informó que la decisión fue unánime de los magistrados, ya que detectaron vicios de inconstitucionalidad en el presupuesto.