El diputado de Encuentro por Guatemala, Luis Pedro Álvarez, dijo que sigue recibiendo denuncias de comerciantes e importadores de que son “arrinconados” por empleados en los puertos, quienes les piden “mordidas” para hacer sus trámites.

El parlamentario mencionó lo anterior en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas donde también participó el abogado, Stuardo Ralón y Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana.

Álvarez señaló de positivo el proceso penal que inició el Ministerio Público para desvelar el supuesto soborno que pagó la empresa Termina de Contenedores Quetzal (TCQ) para firmar un contrato con el Estado, pero consideró que eso no ha sido suficiente para notar un “cambio institucional”.

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Ralón opinó que ha sido coherente la acusación de la fiscalía y útil la presentación de escuchas telefónicas. En cuanto al contrato dijo que los responsables usaron “figuras jurídicas alternas”, que es lo criticable, indicó.

“Ya sabemos que esas mafias siguen allí” comentó Marroquín y agregó:
“era un gobierno que defendía lo indefendible para proteger sus negocios” en referencia a la administración de Otto Pérez Molina.

Marroquín dijo que no hay que conformarse con “meter gente a la cárcel, sino también se deben reestructurar esas instituciones”, hablando de la Portuaria Quetzal.