Dos cámaras empresariales se sumaron hoy a las instituciones que han manifestado su malestar por la aprobación de las asignaciones del próximo año que ascienden a Q70 mil 600 millones.

La Cámara del Agro anunció que la primera semana de enero presentará una acción de inconstitucionalidad contra el documento. "Más de diez artículos son ilegales", afirmó José Santiago Molina, presidente de esa entidad.

Por su parte, la Cámara Empresarial de Comercio y Servicios le pidió al presidente Otto Pérez que vete el documento.

"Se debe enviar nuevamente al Congreso, para corregir la falta de controles, transparencia y de disciplina financiera que adolece, y de esta forma evitar las repercusiones que generará un endeudamiento de esta envergadura en la población de menos recursos", consigna un boletín de prensa.

"La falta de transparencia en la ejecución presupuestaria, característica de la actual administración,  se puso nuevamente en evidencia al dejar partidas discrecionales, tal como la asignada al Ministerio de Comunicación Infraestructura y Vivienda por 1,965 millones de quetzales, cantidad que no tiene asignación específica y que podría prestarse a usos diferentes con fines clientelares y electoreros", se detalla en el documento.

En el presupuesto del próximo año se aprobaron tres nuevos impuestos: a la telefonía, al cemento y a la minería. Estos tributos han sido parte del descontento de los empresarios.

La semana pasada el mandatario arremetió contra el sector privado. "Cuando se aprueban nuevos impuestos, como si fuera una tradición, los empresarios nunca quieren pagar más. El que tiene más que pague", aseveró el mandatario.

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