Integrantes de la Comunidad en Resistencia Pacífica La Puya mantienen un plantón permanente frente al ingreso del Ministerio de Energía y Minas como medida de presión para que se acate la suspensión de la licencia de la mina ubicada entre San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, pero la Cámara de la Industria de Guatemala (CIG) aboga por mantener abierto el proyecto en aras de la certeza jurídica.

Los comunitarios se apoyan en una resolución judicial que resolvió suspender  de manera provisional la solicitud de otorgamiento de la licencia del Proyecto Progreso VII Deriva, donde laboran 300 personas y que tiene como objetivo la extracción de oro y plata, entre otros minerales.

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Este viernes el presidente de la CIG, Oscar Emilio Castillo, dijo que piden a la Corte de Constitucionalidad (CC) que resuelva lo más pronto posible el recurso contra la suspensión. Asimismo, dijo que cerrar la minera es una amenaza a la certeza jurídica del país, necesaria para la atracción de inversión y el crecimiento económico nacional, enfatizó.

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Los empresarios dieron su apoyo al Ministerio de Energía y Minas por las acciones de no suspender la licencia de explotación, mientras que los comunitarios insisten en que no se cumplieron los procedimientos debidos para la extensión de la misma.