La Procuradora General de la Nación (PGN), Anabella Morfin, dio a conocer los puntos a los que se comprometieron APM Terminals y Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) para el funcionamiento de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), entre los que se cuenta un resarcimiento de US$ 43.2 millones al Estado y que se proponga que el Congreso aprueba una concesión única a la empresa extranjera.

Morfín dijo que APM y EPQ se comprometieron a desistir en tribunales de la acción de incompetencia para declarar la nulidad, para agilizar el funcionamiento de TCQ.

La titular de la PGN expuso que el compromiso de EQP es que solicitar que “por el conducto del Presidente de la República se presente una iniciativa de ley que se aprobada por el Congreso de la República con carácter excepcional, la concesión que por vía directa EPQ otorgará a TCQ para que pueda continuar operando hasta por 21 años”.

Joel Maldonado

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Una de las condiciones es que si se comprueba que APM Terminals tenía conocimiento de los sobornos para la firma del actual contrato, toda la propuesta será inválida.

APM Terminals se comprometió a separar de sus cargos y denunciar a todos los funcionarios y consultores de Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB) que participaron o que tenían conocimiento de supuestas actividades delictivas en Guatemala. Además, mantienen su cooperación con las autoridades para brindar información de la auditoría forense de documentos de TCB.

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Entre otros compromisos para incluir en el nuevo contrato que se daría a favor de la empresa extranjera está instalar una máquina de Rayos X, agilizar la construcción de las fases 2 y 3 de TCQ y proporcionar asistencia técnica en tecnología a EPQ.

En la actividad estuvieron presentes Morfín, el interventor de TCQ, Alex Aizenstatd y la vicepresidenta de APM, Susanne Marston.