Análisis


El exconstitucionalista Gabriel Orellana considera que la jueza valoró de manera superficial las pruebas presentadas contra seis de los implicados en la red “La Línea”.
• Considera que pueden darse a la fuga y por su poder económico influir en el fallo final. Asimismo, considera que la medida presentada por el MP y la CICIG era lo que procedía por los investigadores.
 

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) apelaron la fianza que el Juzgado Octavo de Instancia Penal les otorgó a tres de los seis beneficiados con medida sustitutiva, por la supuesta participación en defraudación aduanera.
Los argumentos presentados son peligro de fuga y obstrucción de justicia por sus posibilidades económicas y contactos. La apelación es contra la medida que permitió la libertad condicional de Salvador González, Francisco Javier Ortiz y Miguel Ángel Lemus, quienes cancelaron ayer Q200 mil. La CICIG explicó que tanto González como Ortiz son los líderes de la red, donde participaban los exjefes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el exsecretrario privado de la Vicepresidencia.
La jueza octava penal, Marta  Sierra, ligó a proceso a los 22 capturados por asociación ilícita y defraudación aduanera, enviando a 16 a prisión y a 6 les ordenó arresto domiciliario.