El amparo busca revertir la aprobación del nuevo impuesto.

“De ser resuelta de manera favorable, detendrá un acto ilegal que amenaza el derecho de privacidad de los usuarios y afecta negativamente la productividad del país”, expuso el abogado Alejandro Balsells.

Las empresas de Comunicaciones Celulares (Tigo), Telecomunicaciones Celulares (Claro) y Telefonía Móviles Guatemala (Telefónica) solicitaron que se derogue la normativa que contiene el impuesto de Q5 mensuales por cada línea.

“El amparo es contra las disposiciones del Congreso que en un acto violatorio de principios constitucionales dipuso el nuevo tributo”, agregó Balsells.

A través de un comunicado, las empresas explicaron que están en desacuerdo con la disposición para que la Superintendencia de Administración Tributaria pueda instalar dispositivos en las redes de comunicaciones para monitorear el uso de las líneas y de comunicaciones que son difundidas.

Esto violaría el artículo 24 de la Constitución que se refiere a la inviolabilidad de correspondencia.