El fin de semana pasado la policía militarizada de Río de Janeiro realizó un operativo en el que detuvo a 160 menores de edad negros y pobres para impedir que accedieran a las playas de Ipanema y Copacabana.

El gobernador de Río, Luiz Fernando Pezao, justificó los hechos asegurando que fue una medida para evitar robos y aseguró que algunos de los menores detenidos habían realizado hurtos en ocasiones anteriores.

“No digo que sean todos los que estaban ahí, pero son muchos de ellos, que ya habían sido detenidos más de cinco, ocho, diez o 15 veces”.

Por su parte el juez titular del Tribunal de Menores, Pedro Henrique Alves, y la defensora pública Eufrasia Souza das Virgens valoraron como “ilegal” la aprensión de los menores de escasos recursos.

Das Virgens declaró: “La policía solo puede detener a un adolescente si lo encuentra cometiendo un delito o si tiene una orden judicial fundamentada", informó el periódico español "El País".