Con el acuerdo en torno al punto de víctimas, que incluye el de justicia transicional, ya son cuatro –de cinco– los grandes pactos entre el Gobierno y las Farc enmarcados en el proceso de paz iniciado en noviembre de 2012 en La Habana.

Esto quiere decir que el 80% de la agenda de negociaciones ha sido discutida y aprobada. Solo a la espera de la negociación del quinto y último punto, que tiene que ver con el desarme, desmovilización y reinserción de las estructuras guerrilleras en el país, en otras palabras: el de la dejación de armas.

Teniendo en cuenta el importante paso dado este miércoles en Cuba, repasamos los principales puntos de los acuerdos ya firmados en torno a los puntos de desarrollo rural, de participación política y cultivos ilícitos y narcotráfico.

Revolución en el campo

El acuerdo en el punto de desarrollo rural es a modo de ver de muchos el más importante de los firmado hasta el momento, porque acarrearía un esfuerzo sin precedentes para sacar al campo colombiano de décadas de abandono.

El acuerdo incluye la implementación de proyectos y planes rurales para dotar al campesino de herramientas dignas para su desarrollo: salud, educación, vivienda, tecnología, vías; todo enfocado a tener una economía campesina sostenible.

También incluye un programa de protección y garantía de sus derechos como trabajadores rurales creando una instancia que vigile que esto se cumpla y que el campesino deje de ser un ciudadano de segunda como lo es en la actualidad.

El tema también pasa por la propiedad y el aprovechamiento de las tierras, puesto que incluye sacarlas de la informalidad actual, reparar los problemas de titulación de las mismas y la creación de un Fondo de Distribución de Tierras que garantizaría no solo que los desplazados puedan retornar al campo, sino que se entregarían tierras de manera gratuita (no se ha definido cuánto pero se habla de millones de hectáreas) a campesinos de bajos recursos para que las pongan a producir con la ayuda de inversión estatal, lo que además desembocaría en un cierre en la brecha de desigualdad de propiedad rural, que en Colombia es una de las más altas del mundo.

Esto estaría acompañado de una especie de censo de tierras, la creación de un catastro rural y la implementación de un sistema de impuestos a la tierra que indicaría, como debe ser, que el que más tiene, más paga, por lo que los terratenientes tendrían que comenzar a aportar dinero al Estado como nunca antes.

Todo esto acompañado de una política de seguridad alimentaria y nutricional que beneficie no solo al campesino sino a cada uno de los colombianos.
 

Oposición sin exterminio

Para cumplirse, el acuerdo sobre participación política también demandaría esfuerzos incalculables no solo por parte del Estado, sino por todos los partidos políticos, movimientos sociales y en general la sociedad civil.

Todos los colombianos tendrían que abrirle paso a una nueva forma de hacer política que garantice los derechos de la oposición; entre otras cosas, lo que se quiere es evitar que pase algo similar a lo que ocurrió con la Unión Patriótica, partido de izquierda surgido luego del proceso de paz con el M-19 en los 90 que terminó siendo exterminado.

La transformación si este acuerdo se cumple implicaría la creación de nuevos partidos (sin importar el espectro ideológico) pues se eliminaría el umbral de votos para conservar la personería jurídica, por lo que podrían existir sin importar cuántos votos tengan en las elecciones.

Garantizaría la existencia de movimientos sociales bajo la protección del Estado, que promovería el respeto a sus derechos y no podría reprimirlos ni censurarlos de ninguna manera.

Esto, además, podría permitir que miembros de la guerrilla que abandonen las armas puedan participar en política sin barreras.

Pero, más allá de este Estatuto para la Oposición, uno de los puntos más importantes de este acuerdo es la creación de las llamadas Circunscripciones Especiales para la Paz, que en palabras llanas, significa curules especiales en el Congreso para representes de las comunidades que más se han visto afectadas por el conflicto armado.

Todo desembocaría en que las Farc acabarían como guerrilla y renacerían como partido político con las garantías para actuar como tal.
 

Ataque al negocio del narcotráfico

“El cartel más grande del mundo”. Con esas palabras suele referirse la oposición a las Farc, una acusación que, podría decirse, no está del todo errada. De hecho, a inicios de este año, se dio a conocer que las Farc son el tercer grupo terrorista con mayores ingresos del mundo y que gran parte de ese dinero proviene del narcotráfico.

Por eso, el acuerdo en este tema entre la subversión y el Gobierno en el que la primera se compromete a abandonar el tráfico de drogas es tan importante para dar un ataque franco y directo al negocio que ha puesto a Colombia como el productor de cocaína más grande del mundo y que ha desatado un sinnúmero de problemáticas sociales adyacentes.

Entre los temas más relevantes está el de la creación de un plan para sustituir los cultivos ilícitos que incluye el desminado de los mismos y un proyecto para hacer estas áreas económicamente sostenibles (que estaría articulado al Fondo de Distribución de Tierras)

Además, las Farc se comprometen a ayudar a desarticular la cadena de valor del narcotráfico, lo que significa que ayudarían a identificar y desarticular la delincuencia a su alrededor y así podría atacarse a las redes de crimen organizado que viven de la droga (como las bacrim), ayudando a disminuir el flagelo que esto acarrea.

Para dar cumplimiento a este acuerdo, esta semana ya se anunció una nueva política antidrogas en el país, que entre otras cosas, incluye la eliminación del uso del glifosato en cultivos ilícitos.