Un Brasil en tensión creciente continuaba este lunes los debates de una comisión parlamentaria que decidirá si la presidenta de Dilma Rousseff puede ser destituida por presunta manipulación de las cuentas públicas.

El gobierno da por perdida la votación en esa comisión de 65 diputados, dominada por la oposición, aunque para separar a Rousseff del cargo ese resultado tendría que ser convalidado, probablemente en menos de una semana, por dos tercios de los miembros de la Cámara de Diputados y hacia inicios de mayo por el Senado.

"Habrá unos 35 (votos) para ellos y 29 para nosotros", admitió el diputado Paulo Pimenta, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), según AFP. El presidente de la comisión solo vota en caso de empate.

El relator de la comisión, Jovair Arantes, reiteró su "convicción" de que "hay indicios suficientes de que la denunciada practicó actos que pueden ser considerados como crimen de responsabilidad", por haber autorizado gastos no presupuestados sin la autorización del Congreso en 2014 y 2015.

El Abogado General del Estado, José Eduardo Cardozo, instó en cambio a declarar "nulo" el proceso, por considerar que no existían cargos susceptibles de justificar una decisión de semejante gravedad.

"La historia no perdona, y no perdonará, que la presidenta de Brasil sea apartada (...) por un proceso no se sustenta mínimamente", declaró.

Fuera del Congreso, la policía tendió vallas a lo largo de la explanada de los ministerios, para separar a los centenares de miles de manifestantes de ambos bandos que se espera lleguen a Brasilia el fin de semana, para presionar los debates del plenario de la Cámara.