“Era de esperar que el CACIF reaccionara, grupo que presentó una postura conservadora, pero interesante”. 

Si algo deseamos todos los guatemaltecos es contar con seguridad y justicia. Estamos cansados de tanta impunidad y que no se aplique la ley. En parte la mayoría de estos problemas son debido a tener organizaciones muy débiles y que sus procesos y coordinación pocas veces se revisan. Posiblemente se requieran más recursos, pero si estas siguen operando y desempeñándose como actualmente, definitivamente tendremos muy pocos resultados.

Las discusiones recientes del tema en el país se han centrado más en la parte financiera que en las reformas estructurales. El comisionado de la CICIG presentó una propuesta donde se solicitaba un impuesto temporal, luego el ICEFI hizo un documento donde se hacían proyecciones de necesidades financieras de distintas áreas del sector, basado en lo actual.

Seguidamente salieron los diputados de la UNE con una propuesta de reformar el impuesto sobre la renta, esperando la recaudación de al menos de Q1,100 millones dirigidos a los contribuyentes que tienen ingresos de Q50 mil mensuales o más –tomar nota que los parlamentarios no se verían afectados– y las empresas que tienen utilidades por más de cinco millones de quetzales al mes.

Se les asignarían Q330 al Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público y Organismo Judicial (30% a cada uno), Q55 millones el INACIF, Q22 millones al Instituto de la Defensa Pública Penal y a la Secretaría de Bienestar Social, y, por último, Q11 millones a la Procuraduría General de la Nación.

Ante esta iniciativa nos preguntamos, ¿por qué previo a pronunciarse no se discutió el tema en las instituciones y con los expertos? ¿Cómo calcularon las cifras? ¿Cuál es el sustento técnico y cómo se medirán los resultados? Definitivamente era de esperar que el CACIF reaccionara, grupo que presentó una postura conservadora pero interesante.

Esta organización reconoce el trabajo del comisionado y de la fiscal general y además la necesidad de hacer reformas en el sector de seguridad y justicia, pero se argumenta que, previo a solicitar más recursos, deberá de hacerse un plan nacional del sector que esté acompañado por una reforma fiscal integral.

Deseo referirme en primera instancia al plan. Desde el año 2012 se le insistió al Gobierno, siendo el tema de seguridad su prioridad, en hacer un plan bajo el pacto por la seguridad, la justicia y la paz. Se invirtieron recursos en reducir costos en el Ministerio de Gobernación con el fin de contar con el financiamiento para el plan integral, lamentablemente no hubo nunca voluntad política.

Se descubrió que cada institución tenía su propio plan, pero no se compartía una misma visión, ni metas, lo que complica determinar a cuál darle los recursos y qué intervenciones eran prioritarias. La Coalición por la Seguridad y Justicia a partir de hace un año ha impulsado este tema por su importante trascendencia. Esta la integran varias organizaciones de la sociedad civil y académicas.

La ministra de Gobernación ha mostrado interés, por lo que se espera que se inicie el proceso para que el próximo Gobierno pueda contar con más herramientas para el buen desempeño de la seguridad. De hecho los representantes de todas las instituciones de seguridad y justicia suscribieron un documento donde presentan su anuencia a realizar este ejercicio.

Por otro lado, es importante que se retome el tema de una reforma fiscal integral, ya que lejos de estar haciéndose reformas y cambios en la SAT, se proponen impuestos adicionales específicos para sectores. A parte del de seguridad se presentó la idea de cobrar un Q1 extra al galón de gasolina para financiar el las medicinas del sector público y gravar la energía eléctrica.

Es importante que los distintos grupos se unan y de forma conjunta –instituciones públicas, sector privado, sociedad civil, academia y comunidad internacional– apoyen el desarrollo del plan. Este con metas y objetivos claros, análisis de procesos y reformas legales, para luego plantear de forma consistente los cambios y los recursos necesarios. Llevar a cabo este plan requiere entre tres y 6 meses y plantearía un cambio de seguridad y justicia para todos.

De hecho debiera participar también el Congreso y sería excelente que esta propuesta fuera apoyada e impulsada por el comisionado Iván Velásquez. ¿Qué opina de un nuevo impuesto para la seguridad? ¿Qué haría distinto para contar con menos impunidad? ¿Qué temas son prioritarios en seguridad y justicia?