Noviembre finalizó con novedades para los guatemaltecos. El 28 de noviembre el Congreso de la República sancionó sorpresivamente un decreto que aprueba el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el año 2015 de Q70 mil 600 millones, su financiamiento y reformas fiscales. Adicionalmente se incluyeron Q2 mil 800 millones de bonos para el ejercicio fiscal de este año. Todo un paquete completo de regalo navideño para varios políticos que les permitirá utilizar cuantiosos recursos en forma arbitraria en época electoral.


Deseo referirme a algunos de los temas más controversiales: Una alianza de bancadas entre el  Partido Patriota, el Líder y Todos; el retorno de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en la ejecución del presupuesto, la aprobación de dos nuevos impuestos y el aumento del porcentaje de regalías a pagarse de parte de las empresas extractivas.


Preocupa la coalición entre partidos, ya que, a pesar de que son competencia, se han instituido en un cartel exclusivo que favorece principalmente a sus intereses. De forma rápida y de urgencia nacional emitieron el decreto sin discutir medidas de fondo, ni mucho menos de austeridad, en tiempos de desafíos económicos. Se puede percibir la inclusión de los sindicatos del sector público entre este colectivo politiquero, quienes de manera conjunta terminan asignando masiva y arbitrariamente recursos del Estado sin ningún resultado de más y mejores servicios para la sociedad. Lamentablemente contamos con una especie de dictadura de varios funcionarios públicos beneficiando a sus partidos y gremios, sin apuntar al progreso del país. Se siente como si reparten un pastel y le dejan al pueblo tan solo las migajas.


En esta misma dirección se autoriza de nuevo a ONG para que los CODEDES ejecuten obra pública. Penosamente sabemos que la Ley de Contrataciones del Estado no funciona, pero, lejos de modificarla, se permite el traslado de recursos a estas organizaciones sin un sistema de calificación o selección competitiva de las mismas. Esto se presta a asignar contratos a instituciones que no califican, que están relacionadas con mandatarios de turno –en distintos niveles– y a muy poca fiscalización. Adicionalmente, sucederá, como en años anteriores, que los recursos se gastan, pero muchos trabajos no se concluyen o terminan siendo de mala calidad.


Respecto de los nuevos impuestos, es complejo entender la forma abrupta en que fueron aprobados. ¿En qué los va a afectar a los ciudadanos? Pues tendremos que pagar Q5 al mes por cada línea de telefonía fija o móvil. El impuesto a la distribución del cemento elevará el costo de la construcción y, además, servirá para el financiamiento de vivienda popular, otro proyecto clientelar que viene para quedarse. Posiblemente tendremos menos generación de empleo, ya que, a pesar de los costos que muchas empresas extractivas tienen debido a la conflictividad, adicionalmente tendrán que pagar más impuestos en regalías.Lo que es intolerable es que sigan parchando un hoyo que cada vez es más ancho y profundo –el presupuesto gubernamental–.

Dinero adicional y de manejo discrecional, es delicado. Se carece de una estrategia clara para fortalecer las instituciones del Estado, no hay medidas para mejorar la gestión pública y, mucho menos acciones para reducir la corrupción. Y ahora ¿quién podrá defendernos? Pues esperamos que surjan liderazgos políticos –de gente honesta y capaz–, que logren la confianza de los habitantes y que, en el futuro, conduzcan al país hacia el desarrollo. ¿Será que nuestro sistema político está agotado? ¿Qué opina de los políticos?