El jueves pasado el tema de los sindicatos de la educación volvió de nuevo a la palestra. En esta oportunidad fue por la marcha convocada por algunos líderes magisteriales. En principio la actividad tenía como objeto pedir a la Corte de Constitucional (CC) que el presupuesto nacional de este año no sea modificado y expresar su rechazo a la fiscalización que organizaciones de la sociedad civil han emprendido para lograr el cumplimiento de los 180 días efectivos de clase.

Del evento surgen algunas dudas: ¿Qué pasó con los alumnos cuyos maestros se unieron a la marcha? ¿Por qué los docentes del sector público debieran tener injerencia en el presupuesto del Estado? y ¿será válido que un servidor rechace la fiscalización de los ciudadanos, cuando ellos son los que proveen su salario con el pago de los impuestos?

Definitivamente no debiéramos tolerar que unos trabajadores del gobierno presionen a otros y mucho menos en detrimento de los servicios. Posiblemente los maestros que marcharon se ausentaron más de un día. Adicionalmente pusieron en tensión a los padres de familia, quienes carecían de información respecto del desarrollo de las clases. Difícilmente los funcionarios de la CC cambiarán sus decisiones, por las medidas de hecho de la semana pasada de los sindicatos, ya que ellos actuarán conforme al derecho, basado en la ley y no por las medidas de coacción.

Referente al presupuesto, los sindicalistas del sector público no tienen por qué estar promocionando acuerdos y leyes que le competen al Congreso. Repetidas veces algunos miembros de los partidos políticos llegan a acuerdos absurdos con los dirigentes sindicales pensando en el corto plazo. Muchos creen que ellos tienen el poder de influir en todos los docentes del país y favorecer a una agrupación política en particular. La historia muestra que no es verdad. Cada maestro y maestra tienen libertad y ellos escogen por quién votar, al igual que todos los ciudadanos. Sin embargo, por esta percepción, se han tomado decisiones erradas, sin sustento técnico, aludiendo que son negociaciones políticas, pero que al final no beneficia en nada la educación y el aprendizaje.
Por último, resulta incoherente que servidores públicos, cuyo salario proviene de los frutos del trabajo de todos guatemaltecos, se nieguen a ser fiscalizados. Obtener una plaza en el sector oficial debiera ser con base en el mérito individual y no por quién refiere a la persona. Ocupar un cargo público es un privilegio, que pocos lo tienen, razón por la cual se debe dignificar con honestidad y competencia. Es importante que el desempeño de los servidores públicos esté sujeto constantemente a evaluaciones, pues no hay que olvidar que los impuestos no son propiedad de los empleados públicos, sino una extensión del patrimonio de los ciudadanos que han puesto en administración del Estado para el servicio de sus habitantes, en especial de los más pobres.

Exhorto a los padres de familia que se unan a las iniciativas de la sociedad civil para fiscalizar al funcionario público, en especial a los empleados de la salud y educación, para que cumplan con su contrato, sus obligaciones y con la nación. Si algún burócrata no está de acuerdo con las condiciones de trabajo o que le cuestionen su desempeño, mejor que renuncie y busque otras oportunidades, ¡no se lo merece! Muchos trabajadores estarían dispuestos a ocupar su cargo con dignidad, vocación y compromiso. ¿Qué opina usted de los maestros que no lleguen a dar clase? ¿Qué sanción debiera aplicarse? ¿Cómo escogería a los docentes del sector público?