La visita del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su propuesta de crear una comisión internacional contra la impunidad para el triángulo norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) provocaron distintas opiniones en los medios de comunicación. Esta idea surge en una etapa donde la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) está siendo evaluada para considerar la ampliación de su mandato por tercera vez –ya que inicialmente era por dos años--. La CICIG es un órgano internacional independiente, creado con el fin de asesorar técnicamente al Ministerio Público (MP), a la Policía Nacional Civil (PNC) y a otras instituciones del Estado en la investigación y la persecución penal de los delitos cometidos por los presuntos integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y los aparatos clandestinos de seguridad; así como de recomendar una normativa para fortalecer el estado de derecho en el país.

El acuerdo suscrito entre el Gobierno de Guatemala y Naciones Unidas en el año 2006 y ratificado por el Congreso en agosto de 2007 señala que dicha comisión está autorizada para recabar, evaluar y sistematizar información y promover la persecución penal por medio de denuncia ante las autoridades correspondientes. Está facultada para exponerles a los funcionarios y a los empleados públicos que hayan cometido infracciones administrativas durante su cargo, especialmente a los responsables de obstaculizar el ejercicio de sus funciones o facultades. La CICIG ha iniciado varios procedimientos judiciales, sujetos a la normativa local. También se le permite presentar reformas legales al sistema; de las 18 promovidas, han conseguido ocho reformas a la ley. Ha suscrito varios acuerdos con distintas instituciones. Se financia con contribuciones voluntarias de la comunidad internacional y el gobierno le facilita condiciones para su funcionamiento.

En general se puede definir como una cooperación extranjera más, como la poseen otros sectores como la educación y la salud, en este caso, es la seguridad y la justicia. Lo importante en el mediano y largo plazos es que el país logre las capacidades locales para no depender técnica ni financieramente de entidades internacionales, razón por la que habrá que contar con un plan integral del sector –que abarque el Ministerio de Gobernación, el MP y el Organismo Judicial--, fortalecer las destrezas de las instancias, así como concluir las reformas legales necesarias.

El apoyo internacional es importante, pero no siempre indispensable. Este debiera de complementar los recursos locales y no sustituirlos. Muchos señalan los abusos de parte de la CICIG, pero estos se dan esencialmente por la permisibilidad de nuestros funcionarios. Respecto de la capacidad debe señalarse tener competencias, contar con planes, priorizar las acciones y poseer el criterio para escoger. Al hablar de integridad, es importante evaluar a los funcionarios. Repetidas veces no llegan las personas idóneas con carácter y comportamiento ético a los puestos. También se han dado casos de falta de control, descuido o egocentrismo de los mismos, quienes cometen errores, posiblemente sin mala intención, pero penosamente esto no los exime de culpa.
Será una decisión de las autoridades del país si se le extiende el mandato a la CICIG o no, y, en el caso de expandir esta instancia hacia otros países, debiera ser una medida de sus gobernantes y no una imposición internacional. ¿Qué opina de la CICIG? ¿Está de acuerdo en prorrogar su mandato por más años? ¿Sería posible crear una comisión para varios países?