La inversión en recursos humanos debe ser prioridad para el próximo gobierno. Sin embargo, si se cuenta con servicios de calidad como energía eléctrica, telecomunicaciones, caminos, agua potable, puertos y aeropuertos los guatemaltecos tendremos más bienestar. Recientemente el CIEN realizó un estudio sobre infraestructura del país con el fin de dar una serie de recomendaciones para que en los siguientes años se mejoren los servicios de apoyo y de logística, que son fundamentales para lograr más prosperidad y dinamizar el comercio exterior.

Invertir en infraestructura produce: a) Reducción en costos de logística, b) aumento de producción del capital, c) mayor productividad del capital humano -más acceso a tecnologías de información y comunicación-, d) efectos positivos en salud -infraestructura básica- y e) menores costos de transporte. A continuación se desarrolla el análisis de puertos, energía eléctrica y telecomunicaciones.

El Sistema Portuario Nacional está formado por 3 puertos. Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla son entidades estatales descentralizadas autónomas, que estuvieron intervenidas; Puerto Barrios, fue concesionado a la empresa privada COBIGUA. Puerto Quetzal maneja la mitad del comercio exterior. El sector presenta una desarticulación de los actores y los puertos generan un alto costo de logística para la economía. Por ejemplo, el número de documentos para la exportación, los días promedio de demora para exportar y el costo de exportar son más altos que el promedio de Latinoamérica. Los tiempos de espera en las aduanas terrestres y marítimas son largos, y hay alta congestión para transitar a través de la ciudad por las carreteras y caminos en malas condiciones (solo 14% están pavimentados). 

En los últimos años hemos avanzado en la cobertura de energía eléctrica; sin embargo, uno de los principales desafíos es la electrificación rural, ya que aún existen regiones sin cobertura. Por ejemplo, Petén y Alta Verapaz están con una cobertura por debajo del promedio nacional, 63% y 44%, respectivamente –anecdóticamente cerca de la hidroeléctrica más grande, Chixoy-. Por otro lado la Tarifa Social está beneficiando a 94% de los usuarios guatemaltecos, lo cual incluye un subsidio del servicio no solo a los más pobres. Este desembolso del INDE no permite mayor inversión en otros proyectos, en especial en el área rural. Adicionalmente en los últimos años se han acentuado los casos de conflictividad social y de ingobernabilidad alrededor de proyectos y actividades del sector eléctrico, por lo que ha impedido más de 10 proyectos de energía renovable suspendidos o abandonados, que representan un déficit de generación de 388 MW y una inversión suspendida de Q9 mil millones.  

Respecto de telecomunicaciones, en la última década ha mejorado sustancialmente la cobertura de telefonía móvil, aunque los precios están entre los más caros de la región. Hay poco servicio de internet (1 de cada 10 hogares). En relación con la banda ancha, el BID señala que un aumento del 10% en la penetración de esta en Latinoamérica puede aumentar la producción en 3.2%. El país tiene precios de banda ancha en contratos pospago bastante altos en relación con otros (puesto 109 de 144).

El CIEN ha generado varias recomendaciones para realizar mejoras sustantivas en estas tres áreas (desarrollappsgt.org/#infra); sin embargo para su éxito, se requieren marcos legales modernos que garanticen certeza jurídica, competencia, trasparencia y eficiencia. Las alianzas público–privadas casan bien en este tema, por lo que el Estado no debe hacer todas las inversiones ni financiar a los que pueden pagar, pero sí apoyar a los más pobres. ¿Cómo deben operar los puertos? ¿Está dispuesto a pagar más por su energía a cambio de electrificación rural? ¿Qué cambios quisiera ver en telefonía?