James Ernesto Morales Cabrera –conocido como Jimmy Morales-- tuvo una excelente campaña de comunicación el año pasado durante el proceso electoral para llegar a la presidencia. Se refería a cambiar la vieja política e  ilusionó a muchos a ir a votar para transformar la cosa política. Los guatemaltecos estábamos hartos e indignamos de la corrupción y deseábamos algo distinto. Hubo licitaciones dedicadas con comisiones personales, contratos de funcionarios innecesarios –además de las plazas fantasmas--, obras y programas hechizas, pactos colectivos sobredimensionados y sistemas paralelos de cobro de impuestos, todo en detrimento del desarrollo económico y social.

Han sorprendido las acciones de “nueva política” realizadas en el Legislativo. Se publicó la nómina de empleados, hay  una estrategia de transparencia, se cambiaron normas internas, se está tratando de ajustar el pacto colectivo, los bloques parlamentarios se reúnen de forma sistémica para definir la agenda del Congreso y se está avanzando en practicar un nuevo régimen interno.

Sin embargo, el Ejecutivo ha sido muy lento y pasivo en actuar hacia una nueva política. Aún no sabemos el número de empleados públicos, no se han evaluado los programas sociales y desconocemos la postura de gobierno respecto a los pactos colectivos. No hay mejora en la gestión del Ministerio de Salud, poca innovación educativa, se ha ganado terreno en la persecución criminal, aunque el sistema penitenciario sigue con grandes retos. Hay bloqueos en carreteras, toma de fincas y más conflictividad. Se carece de recursos para mantener las carreteras y aún no se resuelve el problema del puerto. Se desconoce la política de generación de empleo, y lejos de continuar con la discusión de los salarios diferenciados y buscar otras alternativas, se abortó el tema. El problema económico está abrumando a los guatemaltecos, los servicios públicos son de mala calidad y se continúa haciendo más de lo mismo. El ambiente es de incertidumbre, zozobra y decepción.

El ejercicio de presupuesto abierto llevado a cabo por el Ministro de Finanzas en  junio fue positivo. Se  tuvo la oportunidad de escuchar a los distintos ministros, al Organismo Judicial y al Ministerio Público respecto de sus proyectos y requerimiento de recursos. Pero, al no contar con un techo presupuestario las demandas fueron altas. Se hicieron reformas a la ley de la SAT con el objetivo de mejorar su desempeño que podría mejorar la  recaudación, pero no será suficiente. La carga tributaria es de alrededor del 10% de la producción nacional, mientras el gasto se perfila en 14%. La Comisión de Finanzas –conducida por el partido UNE-- comentó que este año se daría apoyo al presupuesto aceptando financiarse con deuda interna, sin embargo el año entrante habría que buscar una reforma. Lo lamentable fue que por la prisa de entregar un presupuesto mejor financiado, se adelantó de parte del Ejecutivo la propuesta de una reforma tributaria que adolecía de una visión integral, con poco sustento técnico y sin respaldo público, ni político.

Ahora que se  retiró la iniciativa, se recomienda trabajar un  pacto fiscal  que aborde además del tema tributario, el gasto público. Es una buena oportunidad para que el Presidente lidere un novedoso ejercicio donde se transparente todo, se analicen los puestos, se evalúe la eficiencia de los proyectos, se escuche a los expertos, se informe a la población y se tomen acciones concretas para lograr la eficiencia de los egresos del Estado.  De pagar más impuestos no nos salvaremos, pero al menos queremos que se inviertan en forma eficaz. ¿Está dispuesto a pagar más impuestos? ¿Qué cambios son claves en el Ejecutivo para mejorar el gasto? ¿Cuáles son las áreas que usted considera prioritarias?