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Después de cinco meses exactos, hemos cerrado el primer ciclo de una nueva era para Guatemala. Luego del 16 de abril, que se destapó el caso de La Línea, los ciudadanos juntamente con distintos actores de la sociedad lograron en forma pacífica y legal sustituir al presidente y vicepresidente de la República. El jueves 3 de septiembre el Organismo Legislativo juramentó al licenciado Alejandro Maldonado Aguirre como presidente, y dos semanas después nombró al doctor Juan Alfonso Fuentes Soria como vicepresidente.

A partir del jueves 17 se inició una nueva administración, que coincide con la tradicional etapa de transición entre un gobierno y otro, razón por la cual muchos le llaman al actual régimen “gobierno de transición”. Su misión principal: Lograr que el 14 de enero a las 14 horas tome posesión el nuevo presidente de la República, ya sea Jimmy Morales o Sandra Torres –con su respectivo vicemandatario.

Al actual gobierno le toca regir por cuatro meses, y, aunque es poco tiempo, es determinante que sea honorable, sobrio y cuidadoso. Se iniciaron los primeros cambios en algunos ministerios y secretarías, lamentablemente el presidente tuvo un pequeño accidente y se tuvo que someter a una operación, situación que podría demorar algunas actividades gubernamentales. Esperamos que se recupere pronto.

En los próximos meses no tendremos cambios drásticos, pero sí debemos exigir acciones concretas y resultados. Para cerrar bien el año, deben realizarse recortes importantes para no tener problemas graves de financiamiento. El Ejecutivo en pleno debe revisar sus recursos y realizar intervenciones específicos para terminar el año en forma exitosa.

Como prioridad se considera importante discutir técnica, profesional y responsablemente el proyecto de presupuesto del siguiente año. Imposible que este sea de Q72 mil 430 millones con una estimación de ingresos de Q54 mil 556 millones y Q14 mil 106 financiados con deuda, en su mayoría bonos. Lo correcto sería que ambos candidatos, con el gobierno presente, analicen la situación financiera del Estado y que se planteen cambios sustanciales al respecto. El Congreso tendrá que aprobar un nuevo presupuesto con visión de país y no buscando “sacar raja” de los recursos públicos. Requerimos un cálculo austero que priorice la educación, la salud y la seguridad al servicio de los más necesitados.
Paralelamente deberá de reorganizarse la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) con el fin de fortalecer esta institución y recuperar la carga tributaria, de 10 a 12% respecto de la producción nacional (alcanzada en 2007). Esto implica escoger nuevas autoridades, mejorar los procesos internos, y contar con procedimientos de depuración interna y de mejora en la selección del personal.

Otra acción recomendable es realizar un censo de empleados públicos. En repetidas oportunidades, les hemos solicitado en forma institucional a las autoridades el número de personas que laboran, el tipo de contrato y su localización geográfica, y se ha comunicado que no se cuenta con todos los datos. El 65% del presupuesto se destina al funcionamiento, y los servicios han bajado en cobertura y calidad.

También este gobierno puede ordenar un poco los ministerios y las secretarías. Deberán de revisarse todos los programas y proyectos y sistematizar la información para su uso en la próxima administración. Además, es importante realizar los contratos de servicios como luz, teléfono, agua, internet, seguridad, combustible, papelería y otros para 2016. ¿Qué expectativas tiene del gobierno actual? ¿Qué le gustaría que hicieran de diferente? ¿Qué opina de las finanzas del Estado?