Inicia la semana de Pascua y todos regresamos llenos de energía y optimismo a nuestra rutina. Abril será un mes clave para que el año termine en forma positiva para los guatemaltecos. En mayo celebraremos el Día del trabajo y agasajaremos a las madres. También tendremos la convocatoria de elecciones para elegir a nuestras representantes para cargos importantes como presidente, vicepresidente, alcaldías y diputaciones.

Según la ley, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe ser garante de la administración de los procesos electorales, buscando fortalecer el ejercicio de los derechos y los deberes de los ciudadanos, de las organizaciones políticas y el funcionamiento de los órganos electorales para la elección de las autoridades del país. Debe ser independiente, objetivo y confiable para lograr la misión de realizar elecciones libres y transparentes en Guatemala.

Para su buen desempeño el TSE es una especie de “árbitro del juego” durante el proceso electoral, desde el empadronamiento de los ciudadanos, la inscripción de los partidos y comités cívicos, pasando por velar por el cumplimiento de normas y requisitos de parte de las organizaciones políticas, hasta la organización de la logística y la realización de las elecciones.

Actualmente se presentan varios desafíos debido a que el TSE ha decidido cumplir con su mandato. El primero es referente a las “campañas anticipadas”. Por un lado, muchas organizaciones políticas han sacado en forma descarada su propaganda, otras se han manifestado en lugares prohibidos y algunos candidatos hacen proselitismo. Basta con ver la página de denuncias que tiene el tribunal para darnos cuenta. Por otro lado, es evidente que se utilizan otras organizaciones para hacer anuncios relacionados con sus ofertas, colores y hasta su tipografía, tratando de adelantarse a la contienda.

Luego de que en marzo el TSE amonestó a varios partidos políticos por reincidir en campaña anticipada y que adicionalmente advirtió a candidatos y funcionarios de no inscribirlos por desobediencia, algunos políticos en vez de acatar el acuerdo o impugnarlo legalmente, la emprendieron en forma personalizada contra los magistrados del TSE, acusándolos penalmente y solicitando el antejuicio de tres de ellos.

Preocupa que se acuda a la acción penal como que se tratara de una acción delictiva y no de un punto de vista de un jurista. En principio acudir a los tribunales en busca de justicia es algo deseable, lo que alarma es que se esté instrumentalizando al Organismo Judicial con una finalidad de intimidación a los funcionarios.

Un segundo tema importante es el relacionado con los recursos de la campaña. A pesar de que la ley prohíbe el uso de fondos públicos a favor de una agrupación, señala la auditoría de los recursos de financiamiento de proceso y apela a la rendición de cuentas, será un tema complejo de administrar. En este sentido es importante, si la CICIG permanece en el país, que en forma enfática apoye al tribunal en la fiscalización de los recursos y que se cumpla la normativa.

Será necesario también que la sociedad civil en forma decidida cierre filas y de manera contundente acompañe al TSE a cumplir con su mandato. ¿Qué opina del papel del TSE? ¿Cómo podemos apoyar para que los políticos acaten lo que el TSE resuelva? ¿Qué recomendaría?