“Urgente realizar una evaluación de los programas sociales y si se continúa con ellos, debe haber un estricto monitoreo de los mismos. Se requiere una auditoría social, evitar la discrecionalidad de los beneficiarios y hacer reformas.”. 

Fue una tristeza ver los resultados de la última Encuesta de Condiciones Económicas (ENCOVI) 2014 presentada la semana pasada donde se muestra que la pobreza en Guatemala ha aumentado en los últimos años. Luego de haber invertido muchos recursos públicos y haber iniciado una serie de programas denominados “sociales” se esperaba que la población, lejos de empobrecer, prosperara.

Una forma de medir la pobreza es con base en el consumo por debajo de una cantidad de quetzales. Están en pobreza los que consumieron menos de Q10,200 al año y en extrema pobreza los que están debajo de Q8,300 anuales. Aunque siempre hay cuestionamientos de la metodología, debemos aceptar que la situación empeoró y exigir un cambio en las políticas del país.

Según señala el Instituto Nacional de Estadística en 2014 el 60% de la población se encontraba en pobreza, mientras que en el año 2005 era el 51%. Se comenta que la pobreza aumentó tanto en el área urbana como en la rural. Es lamentable que en departamentos como Quiché, Alta Verapaz y Sololá tres de cada cuatro personas sean pobres. Sin embargo, hay departamentos que muestran una reducción de la incidencia de pobreza como Quiché, San Marcos, Baja Verapaz y Santa Rosa.

Lo más atroz es el aumento la pobreza extrema, que en 2000 era de 16 puntos, en 2006 fue de 15 puntos y en 2014 se incrementó a 23 puntos, siendo más pronunciado en la población indígena, que pasó de 27 a 40 puntos.

Es acá donde tenemos que revisar la inversión social y el modelo económico del país. Durante los años 2004-2006 se hicieron esfuerzos para lograr más y mejores servicios de educación y salud para todos los guatemaltecos, mejorar el clima de inversión para la generación de empleo y fortalecer la seguridad ciudadana. Hubo crecimiento económico y disminuyó la pobreza.

Los siguientes gobiernos descuidaron los ministerios e iniciaron con los famosos programas sociales para apoyar a los más pobres, inicialmente por medio del programa Mi Familia Progresa y luego el Ministerio de Desarrollo. Actualmente este cubre más de 7 programas y gasta alrededor de Q 1,600 millones anuales. Los más relevantes por su costo son las transferencias condicionadas: el apoyo a la asistencia escolar, la prevención de desnutrición crónica y el apoyo al consumo de alimentos.

Es importante señalar que este dinero debiera otorgarse en forma focalizada, con una frecuencia regular, bajo control del beneficiario y evaluando sus resultados. Sin embargo estudios muestran que la mayoría de los fondos se usaron para satisfacer solicitudes clientelares y su inversión no se hizo en general en forma responsable. Se han gastado alrededor de Q6 mil millones en transferencias y hay pocos resultados. Con estos recursos se hubiera podido educar a toda una generación de jóvenes o introducir agua potable al 25% de la población que carece de la misma.

Urgente realizar una evaluación de los programas sociales y, si se continúa con ellos, debe haber un estricto monitoreo de los mismos. Se requiere una auditoría social, evitar la discrecionalidad de los beneficiarios y hacer reformas. Es importante mejorar la gestión de los ministerios de educación y salud para que todos los guatemaltecos, en especial los más pobres, tengan acceso a servicios de calidad y rompan el círculo de la pobreza. ¿Qué opina de los programas como el bono y la bolsa solidaria? ¿Cómo podemos poner una alto a la pobreza? ¿Qué medidas hacen progresar a un país?