Hoy las palabras no dan para abarcar tanta tristeza. El dolor lastima el alma en su versión más puñal cuando uno piensa en El Cambray II. Se confunden, en un sentir, la congoja, la indignación y el desconsuelo. “Hacía falta un milagro para que eso no se desplomara”, dijo Byron Motta, de la Sociedad Geológica.

Y ese milagro no se dio. O, para ser exacto, solo mantuvo vigencia durante los años en que el cerro no llegó a deslizarse, tal y como la lógica de la gravedad lo indicaba. La tragedia iba a ocurrir tarde o temprano. Y eso lo sabía la municipalidad de Santa Catarina Pinula, porque desde hacía mucho tiempo se le había notificado.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) le entregó su más reciente informe en noviembre de 2014. Y también lo sabían los habitantes del lugar; no era secreto el peligro que corrían. Pero jamás se imaginaron que iba a suceder; ni siquiera en sus peores pesadillas. La cotidianidad estaba allí. El barrio de la infancia. La entrañable familia. Los amigos de siempre.

Aunque la tierra se aflojara con cada lluvia. Aunque la foto aérea pusiera a los expertos con los nervios de punta. Y de eso surgen las preguntas: ¿tenían una opción real los residentes de El Cambray II? ¿Podía lograrse que los vecinos dejaran así nomás los esfuerzos de toda una vida, sin disponer de un sitio donde asentarse? Fácil es decir ahora que debieron desalojarlos. Fácil es decir muchas cosas hoy.

Pero el desplome de esa montaña lo que nos muestra es la fragilidad fatídica del diario vivir en nuestro país. Lo cual nos lleva a la interrogante siguiente: ¿Había manera de sacar a la gente de sus casas, varias de estas dos o tres pisos, cuando la alternativa “viable” era trasladarla a un hábitat de inferior calidad? La respuesta es no. Por lo menos en las condiciones actuales del Estado de Guatemala. Y eso complica el inmediato plazo. Y lo vuelve dramático e intrincado. Por ello, debemos ser cuidadosos en deducir las responsabilidades del caso. Investigar bien los orígenes de este desastre. Porque así como pasó en El Cambray II pudo acaecer en múltiples zonas del país. Solamente en el área metropolitana se reportan 300 puntos donde es una osadía haber construido una casa. Lo mencionó el secretario ejecutivo de la Conred, Alejandro Maldonado.

Las obras de mitigación no cabían en El Cambray II. Resultaba más barato comprar una finca y llevarse al vecindario entero a un área segura. Es decir: misión imposible, dadas las condiciones de precaria autoridad que manejan aquí los alcaldes, en este sentido. Y es presumible que la autoría de esta desgracia incluya varios nombres. El de desarrolladores inmobiliarios, por ejemplo. O el de promotores de invasiones. O el de autoridades locales. O todos a la vez. Como lo apunta Marco Vinicio Cerezo Blandón, de Fundaeco, la carencia no es únicamente de recursos, sino también de políticas públicas.

Duele enterarse del tormento que ha dejado este alud. Las historias son una más desgarradora que la otra. Y lo que me angustia en demasía es ver que difícilmente hayamos aprendido la lección. No es esta la primera vez que nos golpea una situación así. Me animo a creer que por haber sido tan cerca de la capital, las autoridades se vean obligadas a poner seriamente el tema sobre la mesa. Y actuar en consecuencia. Con objetivos claros y metas cumplibles. Como un Estado de verdad. Y que las fuerzas sociales acuerpen sus acciones. El experto Gabriel Valle lo dijo de manera contundente: “Entre los lugares de riesgo figuran tanto vecindarios de gente pobre como de gente rica”. La inconsciencia, por lo visto, no es cuestión de ingresos o de falta de estos. Y soy pesimista en cuanto a que se alcance la voluntad suficiente como para prevenir futuros desastres, porque según Andrés Casasola, de la Conred, en un acuerdo gubernativo de 2001, el área de El Cambray ya había sido considerada como de alto riesgo. Y de eso, hace casi 15 años.

No puedo ignorar que el apoyo a los damnificados deberá seguir durante varios meses. Maco Garavito, psicólogo de la Liga de Higiene Mental, fue certero en apuntar que dentro de un aproximado de 90 días quienes hayan perdido familiares, amigos y patrimonio sufrirán una enorme crisis. Léase, no será solo cuestión de falta de casa, sino de un desolador vacío en el alma.

Es admirable y épico el trabajo de los rescatistas. No hay cómo pagar tanto heroísmo. Y reconozco también la labor de los reporteros que han cubierto la emergencia. En general, la población ha respondido de manera espontánea y pronta a las necesidades de corto plazo. Y ojalá logre organizarse para no abandonar a los sobrevivientes de El Cambray cuando la ola noticiosa pase. Es oportuno recordar que nuestra realidad es vertiginosa e intensa. Si no me cree, revise titulares hoy: la entrega de Juan Carlos Monzón ya rivaliza en atención mediática con esta tragedia que, en otras latitudes, monopolizaría durante meses la primera plana.

No hubo milagro que detuviera al alud que sepultó más de cien viviendas en una zona donde jamás debió construirse una sola pared. No quiero imaginar el drama humano de las familias de los desaparecidos. Es hora de que nos pongamos serios en consolidar al Estado como una institucionalidad confiable y efectiva. El dolor en El Cambray lastima el alma en su versión más puñal. Y todo, a tres minutos de La Pradera.