En Guatemala, donde la contradicción impera hasta en lo cotidiano, no existe una cultura de debatir. Lo que prevalece es el diálogo entre sordos. Pese a ello, en los últimos 30 años de democracia formal, por lo menos tres elecciones se han decidido por medio de un debate. Aunque parezca exagerado y sea hasta discutible.

Estuve en Washington durante Semana Santa. No visitando museos y monumentos, sino en un simposio acerca de debates presidenciales, al que asistió gente que los organiza y los modera en diferentes partes del mundo. Países tan disímiles entre sí como lo del Caribe y Libia, o como los latinoamericanos y África. Las ideas que circularon me hicieron meditar. Hay sociedades en situaciones precarias para debatir, y otras donde la disposición se percibe con mayor firmeza.

El común denominador es el problema recurrente de candidatos que rechazan cotejar sus ideas con sus contrincantes. Estados Unidos, donde hoy resulta impensable que no haya debate entre presidenciables, precisó de una comisión nacional para fortalecer y luego instaurar un compromiso permanente para que ningún aspirante pudiera evadir la responsabilidad de contarle a la nación sus planteamientos frente a su adversario en las urnas. Es de recordar que en ese país no se vio ese intercambio verbal entre 1960 (Kennedy-Nixon) y 1976 (Carter-Ford). De ahí en adelante, fue trabajoso lograr que George Bush padre aceptara debatir, y no fue fácil lograr que Bill Clinton lo hiciera. En el caso de Guatemala, la tradición del debate presidencial se instituyó por un esfuerzo de la Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG), que empezó en los años 80. Hoy día, y desde hace varias elecciones, lo monta en alianza estratégica con Emisoras Unidas, Prensa Libre y Guatevisión.

 Ello, porque difundirlo es crucial para que cumpla su objetivo. Aunque en nuestro medio haya más debate que 10 años atrás, no hay políticos con suficiente verbo y brillantez como para mejorarlo. Pero su importancia es innegable. Fue muy claro que los comicios de 1990 los ganó Jorge Serrano como consecuencia del debate sostenido con el entonces presidente Vinicio Cerezo. Asimismo, considero que la ajustada victoria de Álvaro Arzú sobre Alfonso Portillo en las elecciones de 1995 se dio en buena medida por su desempeño en el debate por ambos sostenido, en el que se esperaba una golpiza intelectual de Portillo hacia Arzú, la cual no ocurrió. Aquello pudo ser decisivo en los 30 mil y pico de votos de diferencia, considerando que Portillo demostró después ser el mejor candidato de la era democrática. Un tercer caso es el de la no comparecencia al debate del actual presidente Otto Pérez Molina, que estaba arriba en varias encuestas, frente a quien finalmente resultó ganador en esas elecciones, es decir, Álvaro Colom. No ir, según yo, le costó muy caro al general retirado, pese a que sus asesores de aquel tiempo sostengan que tal ausencia no fue determinante en su derrota.

La experiencia internacional es diversa y reveladora. En Argentina no hay antecedentes de debates, y sus actuales organizadores proclaman la necesidad de hacer de este ejercicio no solo un bien público, sino además una manera civilizada de procesar las diferencias. En Ghana ocurrió algo terrible en una ocasión: el moderador cambió las preguntas para favorecer a un candidato, y luego fue nombrado como funcionario por el nuevo presidente. En Chile, Michelle Bachelet asistió a los tres debates a enfrentar a aspirantes sin posibilidad alguna, pese a contar con el 49% de la intención de voto. Aún hay países que hacen grandes concesiones con los candidatos para asegurarse su participación. Algunas inaceptables, como lo hizo ver durante el simposio el veterano periodista estadounidense Bernard Shaw, quien además insistió mucho en la responsabilidad del moderador de ser imparcial y también muy controlado para no caer en el penoso afán de pretender robarse el show. “El moderador no provoca, como sí puede hacerlo un periodista cuando interroga como entrevistador”, puntualizó Shaw. “Porque el moderador no busca noticia, sino prestar un servicio”. En Guatemala nos urgen políticos capaces de comunicar sus programas y que a la vez puedan enfrentar a sus contrapartes en el campo argumental. Nuestra democracia no se fortalecerá con el formato del foro, en el que los aspirantes van a repetir lo que prometen en sus spots publicitarios, y nunca revelan el prólogo lo de lo que puede ser la novela de su gobierno.

Estamos a menos de un mes de la convocatoria, después de tres años de campaña anticipada. El debate puede ayudarnos a mejorar esta mediocre realidad.  La cultura del diálogo entre sordos debe terminarse. Debatir desnuda al mercadeo político. Si como sociedad obligamos a debatir a los aspirantes, podríamos, de una buena vez, revelar lo mal que estamos. Y empezar a enderezar el rumbo. Urge el debate.