No es lo mismo una manifestación que un bloqueo de carretera. Manifestar está amparado por la Constitución y hacerlo es absolutamente legítimo. Interrumpir el paso de automóviles es un delito que involucra, a la fuerza, a miles de inocentes en causas que, aunque de algún modo les competan, no están obligados a defender. Mucho menos cuando eso conlleva estropearles sus planes, sean grandes o mínimos. Este país está lleno de iniquidades que merecen una respuesta ciudadana contundente. Sobre todo aquellas relacionadas con el bien común. La pobreza debería de ser una preocupación de cada guatemalteco responsable. Sea rico, clase media o pobre. Asimismo, la corrupción. No digamos la violencia. O la correcta aplicación de la justicia. La lista es larga. Y, en ello, las expresiones en masa tendrían que ser un instrumento vigoroso y dinámico que hiciera tambalear a los poderes que ignoran los clamores de la gente y que además obligaran a las élites a meditar acerca de su rol en esta sociedad, así como a encarar los riesgos de no tomar en cuenta las carencias de las mayorías. Nada de eso ocurre aquí. En realidad, aquí no ocurre nada. En Guatemala se ha vulgarizado la protesta. Se ha vuelto aburridamente habitual, como una mala costumbre aceptada por todos.

Esta protesta no cohesiona. Es más, lo que inspira es rechazo. E igual a la política, que cada vez logra ahuyentar más a los decentes, la irracional y sistemática limitación de paso en las carreteras repele a miles de involucrarse en la tan necesaria lucha social. Y lo que es peor: movimientos genuinos que proyectan en la caminata callejera o en la aglomeración resistente sus angustias y sus indignaciones terminan confundiéndose con los grupos que lo hacen como por deporte, en ocasiones hasta valiéndose de ingenuos e incautos para mantener los privilegios de una corrompida dirigencia. Son muchas las pérdidas que se registran durante estas jornadas en las que nunca se llega a nada. Y no resultan ser los grandes empresarios quienes suelen sufrir más. En los bloqueos siempre lleva la peor parte el que transporta productos perecederos o de entrega con plazo determinado, como también el pequeño comerciante que vive al día, o el deudo que va hacia el funeral de un familiar y pretende arribar a tiempo a su destino. Asimismo, aquel que urge de llegar a su lugar de trabajo porque de lo contrario no le pagan el día, aquella familia que ha ahorrado todo el año para ir de vacaciones a algún balneario, o, duele escribirlo, los enfermos que van de emergencia en busca de un hospital para recibir atención médica. Suscribo lo dicho por el ministro de Gobernación en cuanto a que esta clase de protestas se parecen a una extorsión. Lamento, sin embargo, que no existan protocolos democráticos para liberar las carreteras cuando la situación lo exija.

Estoy asimismo en contra de la criminalización de la protesta. No compro el manido argumento de tildar de haraganes a todos los que van a la acción callejera a pelear por sus derechos. Eso, en algunas condiciones, es impostergable. Y debería de ser acompañado cada vez por más gente, en aspectos tan poco atendidos como la lucha contra la pobreza, por ejemplo. Sea uno rico, clase media o pobre. Asimismo, cuando se trata de frenar la corrupción. No digamos por la violencia. O en pos de la correcta aplicación de la justicia. La lista es larga. Y esta no debería tolerar peticiones imposibles que solo se incluyen para maquillar las verdaderas intenciones de una movilización, a veces financiada por quienes menos uno se imagina. Insisto: una cosa es manifestar y otra muy distinta es restringirle el derecho de locomoción a un país entero. Proclamar que la imaginación vaya al poder puede sugerir un trasnochado idealismo que no expresa mayor cosa. Pero pedir que el poder de la imaginación prevalezca no es pedir demasiado. Manifestar es fundamental en un país como el nuestro, con desigualdades tan crueles y con la impunidad tan a flor de aire. Hacerlo con respeto es el capítulo que falta. No más bloqueos, por favor. Ya basta.