Como dice el refrán: “El que parpadea, pierde”. Ergo: los ojos deben estar bien abiertos y totalmente en alerta. No solo esta semana, sino durante los duros años que nos vienen”.

Los ojos y los oídos del país están puestos sobre el juez Miguel Ángel Gálvez. Memes y tuits ingeniosos incluidos. La expectativa es enorme y crece cada día más. ¿Quedarán todos ligados a proceso? Por ahora, las apuestas se decantan hacia que, por lo menos, la mayoría. ¿Habrá medidas sustitutivas para algunos? Tal vez unos pocos. ¿Se revelarán más escándalos conexos alrededor de este caso de Cooptación del Estado? Está ocurriendo.

Aduzco que el anuncio hecho el pasado jueves de que el juzgador no va a tomar en cuenta la declaración de Juan Carlos Monzón Rojas ha de ser preocupante para la defensa de los señalados. Como lo es también, para otros, que se evidencie la ojeriza, presumiblemente de los malos, hacia el ministro de Gobernación.

Lo cual contrasta con el respaldo tan categórico que el funcionario recibió de la fiscal general, Thelma Aldana, en la entrevista concedida por ella a Emisoras Unidas. Por cierto, de esa charla colijo varios aspectos que a continuación enumero. No es cualquier cosa que la CICIG tome, junta con el Ministerio Público, la investigación del asesinato de Byron Lima Oliva.

A pesar de saber que la escena del crimen fue alterada “a placer” y que habrá múltiples maniobras para impedir que se escarbe hasta lo más profundo de sus misterios, tal cosa no los inhibe de intentar esclarecer el caso. Algo muy podrido y siniestro deben sospechar como para lanzarse a semejante faena. Edgar Gutiérrez ya comparó este hecho de sangre con el caso Rosenberg. Y lo ha descrito como “la madre de todas las batallas”. Otros analistas, en voz baja, lo ven como el episodio que inaugura una nueva era de violencia en el país. Así que, si se llega al fondo de este caso, será mejor prepararse para algo muy sórdido. Siguiendo con lo dicho por la Fiscal General, me llama la atención que la amenaza en su contra no fuera producto de una comunicación directa, sino detectada por medio de la Unidad de Métodos Especiales, cuya base son las escuchas telefónicas.

Es de añadir que Aldana hizo pública esa intimidación unos veinte días después de conocerla. Y CICIG la ha considerado “muy seria” desde antes de que esta trascendiera. De ahí el interés tan mayúsculo que reviste lo que acontezca hoy en la Sala de Vistas de la Torre de Tribunales. Mucho de lo que ocurra en Guatemala en las próximas décadas depende de los procesos por corrupción que ahora llenan los titulares prensa. Es iluso pensar que quienes ya han caído y van rumbo a una inexorable condena, así como aquellos que ven inminente su captura, estén sentaditos y bien portados esperando que la justicia haga lo propio con ellos. Algo estarán tramando. Y ese “algo” no es ninguna acción piadosa.

De más queda decir que las unidades de inteligencia del Estado que juegan para el lado correcto deberían de laborar horas extra y prestar la triple atención que semejante peligro reclama. La fiscal general sospecha que la amenaza contra su vida proviene de La Línea, pero es clara en afirmar que podría originarse “donde menos uno se imagina”. A lo que es oportuno sumar que las fuerzas oscuras tienen una ventaja espuria, pero ventaja al fin, porque actúan con alevosía, ventaja y nocturnidad, al absoluto margen de la ley.

En medio de todo este maremágnum de intrigas, la propuesta del interventor de TCQ, Alexander Aizenstatd, para tratar de resolver ese tremendo embrollo de una terminal que no se ha puesto a funcionar, producto de la implacable corrupción de la que estamos hablando, abre otro frente en el que la sociedad tendrá un reto adicional e intenso para su sensatez, ya que, por lo que relata el abogado a cargo de TCQ, si el proceso de extinción de dominio llegara a concretarse en las condiciones actuales, Guatemala no se haría de unos bienes rentables y de utilidad para la economía del país, sino de una millonaria deuda con tremendas cargas bancarias, así como de una terminal inservible.

Los sobornos por US$30 millones que la CICIG y el MP sostienen que iban a pagarse podrían explicarse en esa “curiosa” cláusula del contrato original (el corrupto) en el que quedaba prohibido instalar máquinas de Rayos X en los controles del puerto. Un fracaso en esa negociación acarrearía, además de las pérdidas ya mencionadas, un desprestigio internacional que, de seguro, alejaría la tan apetecida y necesaria inversión extranjera. Y, pese a que son muchos los que confían en que el Congreso le teme a la CICIG, me preocupa que, de precisarse de una aprobación expedita de una nueva concesión, de la mano de otro contrato, los diputados quieran defender intereses de negocios paralelos, o bien cobrar caro su voto, como es bien sabido que suele suceder allí en la novena avenida.

APM ya aceptó la oferta y Aizenstadt ha sido contundente al decir que este arreglo no entorpece la cruzada contra la impunidad. Y, a propósito de eso, aunque los ojos y los oídos de los guatemaltecos sigan concentrados en la argumentación del inigualable juez Gálvez, conviene ensanchar la visión y estar atentos a lo que se mueve alrededor de la Sala de Vistas de la Torre de Tribunales. Como dice el refrán: “El que parpadea, pierde”. Ergo: los ojos deben estar bien abiertos y totalmente en alerta. No solo esta semana, sino durante los duros años que nos vienen. Años duros, pero presumiblemente promisorios. Sin exagerar, aquí nos jugamos el futuro en cada jornada, incluso las de los domingos. Queremos una Guatemala nueva. Para alcanzarla, luchar sin descanso es una obligación. Por ello, a riesgo de parecer necio lo proclamo de nuevo: está prohibido parpadear.