El Congreso de la República aprobó hace unos días el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2015. La aprobación se desarrolló en medio de una intensa discusión sobre la importancia de aprobarlo o no; dado que el Congreso no lo hizo en los últimos dos años, el Estado ha funcionado con el presupuesto aprobado en 2011.

 

 

Las principales críticas que han expresado especialistas económicos y algunos gremios afectados por los nuevos impuestos, que afectan a las empresas de cemento, telefónicas e industrias extractivas es que han estado relacionadas con que si es constitucional o no, incluir nuevos impuestos en el presupuesto, así como sobre algunas medidas que afectan la transparencia y la fiscalización de los recursos públicos. Principalmente, por la preocupación de que los recursos se utilicen el próximo año con fines político-electorales.

 

 

En este contexto, el G-40, un grupo de connotados economistas del país, presentaron un comunicado en donde hacen un balance, algunas reflexiones y presentan unas recomendaciones a las autoridades. Dada la importancia, en esta oportunidad, presentaré algunos de los aspectos más relevantes contenidos en dicha publicación.

 

 

Entre las consideraciones más destacadas relacionadas con la transparencia, destaco: 1) haber facultado a los Consejos Departamentales de Desarrollo para suscribir convenios con organizaciones no gubernamentales (ONG) para la ejecución de proyectos de inversión de obra física es nocivo y genera escenarios de gasto poco transparente, de difícil fiscalización y de bajo impacto social. 2) Otra de las preocupaciones manifestadas está relacionada con la suspensión de normas sobre ONG y la eliminación de la obligación de las entidades públicas de emitir las Constancias de Disponibilidad Financiera –CDF–, ya que abre la puerta para que se reanude la acumulación ilegal de la deuda flotante y constituye en un alarmante retroceso en materia de transparencia presupuestaria.

 

 

De igual manera, el comunicado contiene algunas recomendaciones para prevenir algunas de las peores consecuencias de un presupuesto poco transparente y que abre amplios espacios para la corrupción. El G40 considera urgente que el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, y como máxima autoridad del Ejecutivo establezca algunas medidas. A continuación, detallo algunas de ellas:

 

 

1. Prohibición a que las entidades del Ejecutivo puedan contratar obra pública a través de ONG.

 

2. Que se continúe exigiendo la emisión de los CDF en el proceso de ejecución del gasto, conforme a lo normado por la Ley Orgánica del Presupuesto.

 

3. Prohibición a todas las entidades del Ejecutivo de utilizar crédito público para financiar gastos corrientes y operativos.

 

4. La obligatoriedad del Ministerio de Finanzas de cumplir con el mandato legal de publicar el reporte de la ejecución presupuestaria por resultados, especialmente del gasto en insumos, en el Sistema de Contabilidad Integrado del Estado-SICOIN-.

 

Sin duda, la discusión sobre los impactos que tendrá el presupuesto del próximo año y las medidas que deben adoptarse para enmendar el camino no se terminan aquí. Los resultados en materia de transparencia y el buen uso de los recursos públicos están en las manos de las autoridades y es ahí donde debemos de enfocar los lentes y las lupas para controlar y fiscalizar la ejecución del presupuesto. La invitación es a que conozca el comunicado presentado por este grupo de economistas y usted, querido lector, saque sus propias conclusiones.