La crisis política abre una ventana de oportunidad para reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). Aprovechemos el momento y promovamos los cambios que necesita el país. En ese sentido, una comunidad diversa de analistas políticos, articulados en un grupo denominado G-Pol –Grupo político–, presentó públicamente un conjunto de propuestas de reforma a la LEPP con el objetivo de contribuir a la discusión de esta importante ley. Transcribo en esta columna el comunicado publicado por el G-Pol.
La corrupción que nos ha llevado a la crisis política actual tiene una de sus causas principales en el mal funcionamiento del sistema de partidos políticos. Los partidos guatemaltecos no cumplen con su función de agregar y representar intereses ciudadanos, y no se constituyen en interlocutores efectivos entre la sociedad y el Estado. En cambio, se han convertido en canales para enriquecerse con recursos del Estado.

El origen del problema está en que los dirigentes de los partidos han dado la espalda e ignorado a los ciudadanos. Los partidos políticos no dan espacio para que la ciudadanía participe efectivamente en la toma de decisiones política.

Además, la designación de candidatos está condicionada por el acceso a financiamiento privado, usualmente opaco y frecuentemente de origen sospechoso. La ausencia de democracia interna y la dependencia del financiamiento opaco y concentrado, facilitan la cooptación de la política por intereses corruptos en detrimento del bien común. El extremo de esta cooptación es la venta de candidaturas por parte de dirigentes partidarios.

Por lo tanto es necesario reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, buscando lo siguiente: Prohibir que los dirigentes partidarios postulen candidatos en distritos y municipios donde no tienen organización inscrita, para que sean las asambleas y no las cúpulas de los partidos quienes designen a los candidatos.

Mejorar la fiscalización del financiamiento partidario, permitiendo individualizar responsabilidad y sancionar a quienes incumplan con los controles establecidos en la ley, o permitan que entren a los partidos contribuciones provenientes de actividades ilícitas.

Asegurar el cumplimiento de las normas que promueven la equidad en el acceso a financiamiento y a la exposición en medios de comunicación.

Modificar los procedimientos internos de los partidos, para asegurar que las decisiones partidarias –designación de candidatos, nombramiento de autoridades, entre otras- sean tomadas con la participación y representación efectiva y real de los afiliados.

Que toda la información y documentación de las actividades de los partidos políticos sea pública y accesible mediante la Ley de Acceso a la Información.

Para todo lo anterior, exigimos al Congreso de la República que reforme la Ley Electoral y de Partidos Políticos, logrando así que los funcionarios electos a partir de su entrada en vigencia tengan un desempeño más satisfactorio para la ciudadanía. Apoyamos las manifestaciones pacíficas de repudio a la corrupción, y proponemos que en estas se respalde la exigencia de reformar la Ley Electoral. ¿Cuál es su propuesta? ¿Vamos por la reforma electoral? #ReformaElectoralYa