¿Sabe usted cuánto invirtió el año pasado el gobierno en educación, salud o vivienda? ¿Cuáles son las principales obras ejecutadas por la alcaldía de su municipio? ¿Conoce los mecanismos para evaluar y fiscalizar las acciones de los funcionarios públicos?

Responder este tipo de preguntas nos sirve para evaluar el desempeño de nuestros gobernantes. Hacer una evaluación, en un año electoral como este, resulta útil para que los ciudadanos tengamos información y podamos emitir nuestro voto de manera consciente, premiando a los buenos gobernantes y castigando a los que no lo son.

La entrega del informe del tercer año del gobierno del presidente Otto Pérez Molina fue una oportunidad para hacer un balance de la situación del país y evaluar, en ese contexto, las acciones del gobierno. Identificando los aspectos positivos y los negativos de la gestión gubernamental.

La Constitución Política de la República, en su artículo No. 183, contempla como una de las funciones del presidente que esté presente “anualmente al Congreso de la República, al iniciarse su periodo de sesiones, informe escrito de la situación general de la República y de los negocios de su administración realizados durante el año anterior”.

Aunque no es obligación constitucional que el presidente asista personalmente al Congreso, si es un gesto político que muestra cómo se encuentra la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Cuando la relación entre estos dos organismos del Estado es armónica y respetuosa, el presidente asiste al Congreso, presenta su informe y da un discurso en el hemiciclo, frente a los diputados, tanto de su partido como los de oposición. Situación contraria se da cuando la relación entre estos organismos del Estado es tensa y conflictiva. En estos casos, el presidente opta por no asistir, y solo cumplir con la obligación constitucional de presentar su informe al Congreso.

Cuando el presidente no asiste se pierde una valiosa oportunidad para alcanzar dos objetivos. Por un lado, hacer una evaluación de las políticas implementadas por el gobierno. Y por otro, promover una agenda legislativa en común, entre el Ejecutivo y el Legislativo, que propicie la discusión y la aprobación de leyes que atiendan los principales problemas del país. Vista, la presentación del informe, como un momento de reflexión política de país, y no de gobierno o partido político alguno.

Desde mi perspectiva, la evaluación de las políticas públicas que está implementando el gobierno debe ir más allá del acto político de entrega del informe al Congreso y del discurso del presidente.
Es decir, además de escuchar y analizar el discurso del presidente, se debe analizar de manera sistemática y rigurosa el informe de gobierno presentado al Congreso. Esta evaluación, la deberían realizar en primera instancia las diferentes comisiones de trabajo del Congreso, como parte de sus funciones de control y fiscalización, promoviendo el análisis y la discusión sobre lo presentado en el informe.

La duda es si el Congreso analizará este año el informe presentado por el Ejecutivo o sucederá lo que tradicionalmente pasa: el informe termina engavetado en los archivos del Organismo Legislativo. ¿Qué opina usted?