Los posicionamientos que están a favor como los que están en contra de la continuidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) no se han hecho esperar. El Presidente de la República, más tarde que nunca, deberá tomar la decisión. Será una de las decisiones más difíciles y controversiales de este gobierno.

En este contexto, la Fundación Myrna Mack, la Universidad Rafael Landívar (URL), la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Impunity Watch y Open Society realizaron un interesante foro público sobre “Los nuevos caminos de cooptación del Estado”, en donde participaron dos destacados expertos internacionales, el doctor Samuel González, de México y el doctor Luis Jorge Garay, de Colombia, así como el doctor Eduardo Stein, y el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez.

El objetivo de la actividad era generar un espacio para conocer las experiencias de dos países que han enfrentado situaciones muy críticas de cooptación del Estado, por parte de estructuras paralelas del crimen organizado, y aprender algunas lecciones para enfrentar ese desafío.

La discusión y la exposición de los participantes evidenció el papel que tiene la CICIG en el país, para investigar a los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS), que surgieron como aparatos represivos durante el conflicto armado interno, pero que se han transformado y mutado en estructuras que cometen otro tipo de actividades ilícitas del crimen organizado.

En este sentido, la CICIG tiene una tarea importante en la investigación, la identificación de estas redes, las relaciones que tienen con los políticos y los partidos políticos, cuál es la forma en que operan. Su papel, ahora más que nunca es fundamental, por ejemplo, para investigar el financiamiento privado de los partidos políticos.   

La CICIG es una herramienta que deberá colaborar con las instituciones del Estado para que mediante la investigación y el traslado de las capacidades, se identifique y se desarticulen estas estructuras criminales. La CICIG colabora, y su presencia no quita que las instituciones del Estado también asuman su responsabilidad en esta tarea.

En estos años, a pesar de las críticas que se le hacen, la CICIG ha hecho avances importantes. Desde luego, no son suficientes, y por ello, creo que es necesario ampliar su mandato, replanteándolo, para que pueda atender los nuevos desafíos que implica atender a estas estructuras.   

Los CICIACS en Guatemala están debilitando al Estado y vulnerando el sistema democrático. ¿Qué opina usted?