“Este país está lleno de muchos contrastes y contradicciones. El Cambray II está al lado de residenciales lujosos, a unos pasos de unas de las zonas con más actividad económica de la ciudad, pero en condiciones de alto riesgo y vulnerabilidad. Así es Guatemala”.  

No hay palabras para describir lo sucedido hace una semana en el Cambray II, Santa Catarina Pinula. Tragedia humana y desastre. El alud sepultó muchas esperanzas, sueños y vidas. Esta columna la quiero dedicar a todas las personas que perdieron la vida en esta tragedia. Este país está lleno de muchos contrastes y contradicciones. El Cambray II está al lado de residenciales lujosas, a unos pasos de unas de las zonas con más actividad económica de la ciudad, pero en condiciones de alto riesgo y vulnerabilidad. Así es Guatemala.

Es preocupante saber que alrededor de 300 lugares en la ciudad capital están en iguales o peores condiciones de vulnerabilidad. Y no se está haciendo nada para evitar futuras tragedias. Como siempre la incapacidad, la falta de recursos y políticas, y la poca voluntad política tienen en riesgo a más personas.

Causa mucha rabia ver que nadie está asumiendo la responsabilidad de lo ocurrido en El Cambray II. No se encuentran respuestas de las autoridades cuando se preguntan cosas tan básicas como: ¿La Municipalidad de Santa Catarina Pinula permitió licencias para la construcción y la urbanización? ¿Por qué la municipalidad, sabiendo que era una zona que no se podía habitar, generó la infraestructura para brindar los servicios municipales? ¿Por qué no fueron reubicadas las familias cuando la Coordinadora de Reducción de Desastres –Conred– declaró el lugar zona de alto riesgo?

En el 2014, luego de un incidente menor provocado por el crecimiento del río Pinula, la Conred le recomendó a la municipalidad impulsar un proceso para reubicar a las personas que vivían en el Cambray II. ¿Por qué no tomaron medidas y reubicaron a las personas?

Las luces de alteración se presentaron en varias oportunidades y no se tomaron medidas contundentes para solucionar el problema. Eso sucede con mucha frecuencia. Las autoridades se hacen de la vista gorda.

Lo sucedido en Cambray no es una cuestión que se limita a la de decisión que tomaron las familias para vivir ahí. Es un problema de desigualdad, pobreza y exclusión que son factores que impiden que muchas personas en el país tengan una vivienda digna.

Esto nos lleva a preguntarnos sobre la política nacional de vivienda, sobre la cultura de prevención, sobre las decisiones políticas irresponsables y la necesidad de fortalecer a las instituciones que atienden los desastres, y especialmente sobre las condiciones socioeconómicas de pobreza y desigualdad en el país.

El déficit de vivienda supera los 1.6 millones de unidades. No hay políticas claras que permitan revertir este problema. Más allá de las acciones inmediatas que se han tomado para atender esta crisis, las preguntas que aún quedan en el ambiente se dirigen hacia los dos candidatos que están participando en la segunda vuelta electoral. ¿Qué medidas tienen contempladas en sus planes de gobierno para atender los problemas de vivienda? ¿Qué opina usted?